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lunes, 31 de enero de 2011

Si el Estado no financiara a la Iglesia Católica los trabajadores españoles podrían jubilarse a los 60 años como máximo.



Dato demostrado: si el Estado (es decir, el dinero que aportamos todos) no financiara a la Iglesia Católica los trabajadores españoles podrían jubilarse a los 60 años como máximo.

En pleno siglo XXI, en España aún está por conquistarse la separación del Estado y de la Iglesia con lo que esto tiene de derechos para todos. Esto supondría la anulación de los acuerdos franquistas y sus continuaciones, una escuela pública y laica, la no participación de los responsables públicos en actos de carácter religioso y que no utilicen símbolos religiosos en los actos públicos, así como la autofinanciación de las iglesias, y que no se les permita la apropiación ilegal e ilegítima del patrimonio público y privado.

Las cifras dicen que la Iglesia se queda con 6.000.000.000 de euros del dinero público español, incluso ahora cuando tenemos el doble de parados que en Europa y en Europa.

Los poderes públicos conceden esta cantidad a la Iglesia, que la utiliza para el pago del culto y el clero, para las viviendas donde residen, para el mantenimiento de las iglesias, , para hacer proselitismo religioso, para mantener sus escuelas católicas, para pagar a los capellanes en hospitales, cuarteles y cárceles, para pagar a los catequistas de las escuelas públicas, para reformar y conservar su propio patrimonio, para hacer campañas de todo tipo contra derechos civiles aprobados en el Parlamento, para hacer anuncios en los medios de comunicación…para mantener sus propios medios de comunicación, para invertirlo en operaciones financieras...

El dinero lo obtienen del impuesto del IRPF, de subvenciones múltiples que reciben del Estado local, autonómico y central, de exenciones de impuestos como el IBI y el de obras, con donaciones del Estado para Fundaciones, y con la recepción de patrimonio y de suelo por parte del Estado.

Es decir, que lo que cada español paga cada año de media es de unos 250 a 300 euros por persona de todas las edades, unos 1000 euros por familia (creyentes o no creyentes).

Si el Estado dejara de financiar a la Iglesia Católica no nos jubilaríamos a los 67, sino a los 60.

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