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jueves, 3 de junio de 2010

Participación y paternalismo político en La Isla



Antonio Overa Calderón
Secretario Político del PCA-La Isla


La participación ciudadana no existe sin una ciudadanía que la defienda. Esta tautología tan evidente se diluye con propaganda partidista y cae presa de las fórmulas electoralistas de los partidos políticos cuando hay un proceso electoral en ciernes. Raro es el partido político que no se erige en adalid de la participación ciudadana, en defensor de la “democracia participativa”.

La campaña de recogida de firmas que llevó a cabo el PP en diciembre de 2006 es un ejemplo de cómo un partido político puede diluir con propaganda la razón de ser de la participación ciudadana. El objetivo, falaz, era que los ciudadanos pudieran mostrar su desacuerdo sobre el trazado del tranvía por la Calle Real mediante una consulta municipal. El objetivo, real, era proponer un imposible para captar los votos de la ciudadanía que se mostraba contraria al trazado. Y era imposible por varios motivos de índole normativa. Partimos de la base que el artículo 78 del Estatuto de Andalucía no reconoce la fórmula del referéndum entre sus competencias exclusivas.

1º) La ley autonómica 2/2001 (que regula las Consultas Populares Locales), establece en su artículo cuarto que una consulta no puede ser convocada ni celebrarse cuando hay otras convocatorias electorales de por medio. En el 2007 había dos procesos electorales: el referéndum del Estatuto de Andalucía el 18 de febrero, y las elecciones municipales el 27 de mayo. Esto guarda relación con lo estipulado en la siguiente...

2º) Ley Orgánica 2/1980 (que regula las distintas modalidades de referéndum). También en su artículo cuarto establece que no podrá celebrarse ninguna modalidad de referéndum en el período comprendido entre los noventa días anteriores y los noventa posteriores a la fecha de celebración, en el territorio a que afecte, de elecciones parlamentarias o locales generales o de otro referéndum. Quedará suspendido automáticamente todo referéndum ya convocado, cuando hubiera de celebrarse en el período antes señalado, debiéndose proceder a nueva convocatoria.
La iniciativa de esta campaña por la consulta popular la propuso formalmente el PP el 21 de diciembre de 2006, es decir, 59 días antes del referéndum andaluz. Lo hicieron amparándose en la Ley Autonómica 2/2001 que antes aludía. Precisamente la misma ley que daba al traste sus intenciones de convocar la consulta antes de las elecciones municipales. En términos fáciles de entender, y siguiendo la ley orgánica (que en su artículo segundo deja claro que la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades, es competencia exclusiva del Estado), era imposible convocar y celebrar una consulta en los tres meses anteriores y posteriores al 18 de febrero (fecha del referéndum andaluz); y también era imposible convocarla en los tres meses anteriores y posteriores al 27 de mayo (fecha de las elecciones municipales).

Para dejarnos menos asuntos en el tintero, recordemos otras normas:
1º) La Ley 7/1985 (la famosa que trata las bases del régimen local), establece en su artículo 71 que son los Alcaldes , previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, quienes podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos.

El PP sabía de antemano que su iniciativa no tendría los apoyos suficientes en el Pleno, y aún así persistió porque la consulta popular era un instrumento electoralista, no un compromiso. En último lugar, por su nula relevancia e inutilidad, tenemos el...

2º) El Reglamento Municipal de Participación Ciudadana, firmado por Antonio Moreno el 30 de Abril de 2003, poco más de un mes antes de salir reelegido alcalde. Este Reglamento dedica todo un capítulo (el sexto) al tema de las consultas populares, pero no recoge nada nuevo, pues se dedica simplemente a corroborar lo dicho en otras leyes. Quizá lo más destacable es el compromiso de convocar un pleno extraordinario para analizar los resultados de una consulta popular en el plazo máximo de un mes.

En resumen, que de existir la posibilidad de convocar una consulta popular, ésta se tendría que haber realizado tres meses después de aquel 27 de mayo, es decir, a primeros de septiembre (por eso de que agosto es un mes “políticamente inhábil”). Por entonces el PP ya formaba parte del gobierno local. No vamos a descubrir nada nuevo. Ya conocen el dicho "prometer hasta meter, y una vez metido se acabó lo prometido".

Pero no se dejen engañar. Sí que hubo una consulta popular. Fue ese mismo 27 de mayo, en las últimas elecciones municipales, cuando el 46% de la ciudadanía isleña que participó en los comicios concedió 21216 votos (un 60'48%) a las opciones que estaban a favor del trazado del tranvía por la Calle Real. El tiro les salió por la culata a los del PP, pero la catadura moral les llevó, no sólo formar parte del Gobierno Local, sino a ocupar el área de Urbanismo.

Sin embargo, la participación ciudadana no se destruye con estos tejemanejes partidistas. Tras el Pleno en el que De Bernardo fue reelegido Alcalde de La Isla, uno de los asistentes aseguró “yo les voy a seguir votando aunque me engañen”. Mientras ésta sea la actitud, de nada vale la propaganda pro-participativa de los partidos políticos, pues estamos ante un problema más serio. No manejar de manera torticera y partidista los asuntos de participación ciudadana, podría ser un comienzo. Pero de nada sirve ofrecer participación a una sociedad que no participa.

Sirvan estos datos, obtenidos a través de la web del Ministerio del Interior, para la reflexión. En el 2007 ejercieron su derecho al voto 35224 cañaíllas. Es una cifra muy similar en participación a las elecciones municipales en 1995 (y eso que ese año había doce mil personas menos en el censo electoral). Los porcentajes de participación en el 2007 son los peores de los últimos 20 años en cuanto a elecciones municipales.

A menos de un año para otra de estas elecciones, asistiremos a otra función más del circo electoralista. Notas de prensa defendiendo perogrulladas, y candidatos adoptando esa ínfula paternalista respecto a las peticiones de las asociaciones de vecinos.
En términos porcentuales, el récord de participación en unos comicios locales está en un 56'47% (junio de 1999), diez puntos más que en las últimas. Veremos qué sucede el año que viene.

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