CAMPAÑA IRPF 2009

En el IRPF, ninguna cruz

Que la Iglesia se pague sus gastos y que a las asociaciones sin fines de lucro se las financie directamente vía subvenciones ordinarias

Ante la nueva campaña de declaración de la renta, IRPF, correspondiente al ejercicio de 2008, las organizaciones que apoyan esta campaña quieren aportar su punto de vista por el que consideran que, desde una óptica laicista, los contribuyentes no debemos marcar las casillas de “Asignación tributaria a la Iglesia católica” ni la de “Fines de interés social”.

NI CRUZ A LA IGLESIA...

En relación con la casilla de la asignación tributaria a la Iglesia católica
Proponemos que no se marque, así como que se elimine del impreso del IRPF, puesto que, si se marca esta casilla, e incluso, el mismo hecho de su existencia, significa:

1.- Discriminación económica para los contribuyentes que no quieren suscribirla.En primer lugar, de esta casilla se beneficia el clero, los obispos y, en general, los católicos practicantes; sin embargo, lo pagamos todos los ciudadanos: ateos, agnósticos, creyentes de otras religiones y católicos no practicantes. Con ello se conculca el artículo 14 de la Constitución que señala que no puede existir discriminación por motivos de opinión. Asimismo, quienes marcan esta casilla gozan del privilegio de decidir qué hacer con el 0,7% de su IRPF, algo que no está al alcance de los demás contribuyentes.

2.- Perjuicio de lo público (de lo que es de todos) para beneficiar lo privado (que es sólo de una parte.En primer lugar, se detraen recursos (241 millones de euros, 40.000 millones de pesetas, en 2008) de la financiación de necesidades públicas, es decir, del conjunto de la sociedad (escuelas, hospitales, servicios sociales, carreteras, …), para destinarla a lo que sólo beneficia a una parte (sustentación del clero, su seguridad social, pensiones, centros de formación seminarios, congresos y demás actos y gastos de loa Conferencia Episcopal). Así, se malversan fondos públicos, destinándolos a fines privados, que deberían ser financiados por los interesados. En segundo lugar, quien marca esta casilla está aportando un 0,7% menos de impuestos al sostenimiento de los gastos públicos, por tanto, de hecho, está pagando un 0,7% menos de la cuota íntegra de su IRPF, conculcando el artículo 31 de la Constitución que señala que todos los españoles debemos contribuir a los gastos públicos basándonos en el principio de igualdad.

3.- Discriminación de las creencias distintas a las sustentadas por la jerarquía eclesiástica.Se potencia la idea de que la religión católica (interpretada desde la cúpula eclesiástica de la Iglesia oficial) es un bien social a proteger respecto a otras creencias religiosas, ateas o agnósticas, que no merecerían ese trato. Se conculca así el principio de no discriminación por razón de creencias regulado en el Artículo 14 de nuestra Constitución.
No parece justo que con el dinero de todos se pague a una Conferencia Episcopal y a obispos antiabortistas, homófobos, contrarios a los preservativos para prevenir el SIDA, especuladores urbanísticos o que se apropian de bienes comunes,…

Abogamos por que el Estado suprima esta casilla, ya que las creencias, religiosas o no, y las organizaciones a su servicio deben estar financiadas, exclusivamente y de forma voluntaria, por las personas que las sustentan.

NI CRUZ PARA FINES SOCIALES...

Solidaridad, no caridad

En relación con la casilla de “Fines de interés social”
Proponemos que no se marque, así como que se elimine del impreso del IRPF, por cuanto su existencia implica que:

1.-El origen de su existencia está basado en un engaño. La causa de su existencia no fue otra que servir de coartada a la introducción de la casilla de la Iglesia católica en el IRPF, ofreciéndola como señuelo alternativo y complementario a quienes estuviesen en disconformidad con ésta. De esta forma se creaba la opinión de que financiar necesidades sociales (de interés general, por tanto) a través de las ONG,s, era una alternativa, y complementaba, a la financiación del clero, sus actividades y sus ritos, que son de índole exclusivamente privada.

2.- Desprecia el deber público de atención a los fines de interés social. Los fines sociales que puedan cubrir las ONG,s son de tal importancia que deben ser definidos por el Parlamento y, en definitiva, formar parte de la política de Estado. Su atención debe ser labor prioritaria del Estado, conjugándolos y armonizándolos con otros fines sociales ya atendidos directamente por este. Por ello, la financiación de estos fines no puede depender:
a. De la voluntad del contribuyente, expresada a través de un aspa en una casilla, en lugar de ser el resultado del debate presupuestario, en función del interés general, y teniendo en cuenta las prioridades políticas emanadas de la voluntad popular. En todo caso, no estamos hablando de aportaciones individuales de los contribuyentes.
b. De la discrecionalidad o arbitrariedad de la distribución de lo recaudado, al sustraerse al debate y al control parlamentarios. Téngase en cuenta que estos fondos quedan al margen de los controles y procedimientos que garantizan la objetividad y equidad en su concesión.

3.- El Estado incumple su labor de garante de la libertad de conciencia.Casi la mitad de la asignación para fines sociales se entrega a cientosde organizaciones católicas, muchas de las cuales lo utilizan como vehículo de propaganda confesional, confundiendo además la caridad (propia de las iglesias), con la justicia social (deber del Estado). De ahí que la jerarquía católica anime a señalar ambas casillas. Esta situación atenta contra la libertad de conciencia de todas las personas que no sean católicas.
Ante esta situación, proponemos a toda la ciudadanía y fuerzas sociales implicadas en la defensa del laicismo, que:
A.- En relación con la declaración del IRPF, NO marque ninguna casilla, ni correspondiente a la asignación a la Iglesia católica ni la de Fines de interés social. Asimismo, debemos reclamar su supresión a los poderes públicos.

B.- Todas las organizaciones religiosas deben autofinanciarse con las aportaciones de sus fieles. Las actividades confesionales no pueden financiarse con fondos públicos.

C.- Debe exigirse al Estado que elabore una Memoria Anual con todas las cantidades satisfechas, exencionadas o desgravadas a la Iglesia católica y a sus organizaciones, procedente de los presupuestos de todas las administraciones territoriales del Estado