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martes, 20 de marzo de 2012

Hablemos de la pepa con rigor


Julio Anguita en www.mundoobrero.es

La Constitución de 1812: católica, apostólica y romana

El día 19 de marzo se cumplen doscientos años de la proclamación de la Constitución de Cádiz, la Pepa como jocosa y popularmente se la bautizó.

Ya se está poniendo a punto la maquinaria de ditirambos, loas, valoraciones encomiásticas y falsificaciones edulcoradas propias del discurso oficial. La Constitución de 1812 va a ser presentada como el no va más allá de la democracia hispánica. A fin de que los lectores tengan una orientación que les sirva para adentrarse en lecturas sobre el tema, expongo ante ellos una serie de consideraciones y datos históricos que le ayuden en su cometido.

La Constitución francesa de 1793 ha sido -y es- el referente indispensable para conocer el origen de las ideas republicanas modernas. Elaborada bajo la influencia jacobina desarrolla una serie de derechos entre los que destacan los siguientes:

Libertad, Igualdad y Propiedad (en el sentido de rentas, bienes y frutos del trabajo).

Abolición de la esclavitud.

La Soberanía reside en el Pueblo (no en la Nación)

Sufragio universal

Derecho de resistencia a la opresión.

Derecho de insurrección.

Instrucción al alcance de todos.

Separación de la Iglesia y el Estado.

Con este referente previo podemos abordar los antecedentes, desarrollo y contenidos de la Pepa.

Tras el Motín de Aranjuez Carlos IV tuvo que abdicar el 19 de marzo de 1808 en su hijo Fernando VII. Napoleón llamó al depuesto monarca para reunirse con él en Bayona. A finales de abril Fernando fue también llamado al mismo lugar. La insurrección del pueblo madrileño fue usada por el Emperador como presión para que éste devolviese la corona a su padre (6 de Mayo) y de él a Napoleón (20 de mayo). Esta última cesión lo fue a cambio de una cuantiosa suma de dinero y de que se tuviese en cuenta para el futuro que "nuestra sagrada religión ha de ser no solamente la dominante en España, sino también la única que ha de observarse en todos los dominios de la monarquía".

Napoleón, a su vez, pasó la corona a su hermano, el cual reinando como José I dictó para sus súbditos hispanos el 6 de julio de 1808 una Carta Otorgada denominada impropiamente Constitución de Bayona. Sus contenidos más relevantes eran:

La Religión Católica, Apostólica y Romana en España y en todas las posesiones españolas será la religión del Rey y de la Nación y no se permitirá ninguna otra.

Se crea una Cámara denominada Cortes o Junta de la Nación compuesta de 172 diputados (uno por cada 300000 habitantes) divididos en tres estamentos: nobleza, clero y pueblo.

Para ser diputado por el estamento popular se debe ser propietario de bienes raíces.

La tortura queda abolida.

La Carta de Bayona tuvo como firmantes a José I, Urquijo y Antonio Ranz Romanillos (1759-1830) que fue Consejero de Estado y Hacienda. Este personaje aparece en Cádiz con un proyecto de constitución que ofrece a los diputados como Ponencia constitucional; los diputados aceptaron y trabajaron con el citado documento.

Del texto de la Constitución de 1812 extraigo los contenidos que, a mi juicio, son los más significativos de entre los 384 que la constituían:

La Soberanía reside esencialmente en la Nación.

La Religión de la Nación Española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el coercicio de cualquiera otra.

Son españoles los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, y los hijos de estos. Entre estos había que incluir a los libertos que hubiesen adquirido la libertad en el reino.

La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.

Habrá un diputado por cada setenta mil almas.

Para ser candidato a diputado se requiere tener una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios.

En el extraordinariamente complicado proceso electoral hay dos momentos en los que los electores y los electos deberán preceptivamente oír misa solemne de Espíritu Santo en las que el cura párroco o el eclesiástico de mayor dignidad hará un discurso propio de las circunstancias.

Las sesiones de Cortes durarían tres meses consecutivos cada año.

Los diputados eran inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo, ni caso, ni por ninguna autoridad podrán ser reconvenidos por ellas.

El Rey tiene el tratamiento de Majestad Católica.

El Rey tiene restringida su autoridad en 12 supuestos.

No se usará nunca del tormento ni de los apremios.

En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las se enseñará a los niños a leer, escribir, y contar, y el catecismo de la Religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles.

Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir, y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia o aprobación alguna anterior a la publicación…

Creo que con esta breve reseña histórica podemos iniciar una reflexión acerca del sentido exacto de la Constitución de 1812 en el marco histórico en el que se desarrolló así como las constantes económicas, sociales, culturales y religiosas que han acompañado a nuestra atormentada historia.

Julio Anguita

sábado, 10 de marzo de 2012

Gallardón resucita a la Sección Femenina


La argumentación del ministro es el mayor ejemplo de rancio y recio paternalismo ibérico que nos han regalado nuestros gobernantes

PILAR GASSENT
http://www.republica.com/2012/03/07/gallardon-y-el-regreso-de-la-seccion-femenina_462067/


La argumentación del ministro Gallardón para justificar la reforma de la Ley del Aborto que prepara casi desde el minuto uno de su toma de posesión al frente de Justicia es el mayor ejemplo de rancio y recio paternalismo ibérico que nos han regalado nuestros gobernantes.

Cuando el ministro ha hablado de “violencia estructural contra las embarazadas”, me han venido a la cabeza todas las agresiones que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo, embarazadas o no, pero más aún si lo están: marginación profesional, discriminación salarial, violencia de género, exclusión cuando no se someten a las reglas que comprimen su rol social… En fin, que el abanico de posibilidades para encontrar un motivo en el que apoyar tamaña afirmación es amplio y variado. Lo que no he sido capaz de entender es la relación existente entre los factores que siguen relegando a las mujeres a un papel secundario y oprimido y su capacidad para tomar la decisión de seguir o no adelante con un embarazo. Salvo que se quiera dar otra vuelta de tuerca y añadir un agravio más a la lista: la privación del derecho a decidir libremente.

Gallardón nos anuncia otro recorte, y no precisamente menor, en nombre de un supuesto afán proteccionista hacia las mujeres, débiles y desvalidas en el imaginario del ministro, a quienes -según se deduce de sus palabras- prácticamente se obliga a abortar cuando coinciden circunstancias que las hacen más vulnerables: estar en paro, ser menores de edad, ser inmigrantes o tener alguna discapacidad. Y encima lo dice cuando el Gobierno al que pertenece acaba de pegar un tajo con un cuchillo jamonero a los derechos de todos los trabajadores/as mediante su cuestionada reforma laboral y su efecto más dramático: el despido ‘gratis total’. Y cuando se reducen las partidas para dependencia. Y cuando algunos gobiernos autonómicos del PP -el de Castilla La Mancha que gobierna Cospedal, por ejemplo- cierran casas de acogida para mujeres maltratadas como primera medida para ahorrar en gastos. Y… En fin, todo esto es lo que han denunciado hasta la sociedad políticos/as y gentes de todo tipo y condición hasta convertir las redes sociales en un hervidero de indignación hacia el ministro de Justicia. Pero en la intervención parlamentaria de Gallardón hay más, mucho más.

“Vamos a insistir en la formación, en la información, en la prevención y en la promoción de la inserción sociolaboral de las mujeres embarazadas, y en establecer garantías para conciliar su vida laboral, personal y familiar”, ha pormenorizado el ministro. Y, entonces, me ha venido a la cabeza otra imagen que creía enterrada en lo más profundo de mi memoria: la de las esforzadas activistas de la Sección Femenina del Franquismo, que crearon toda una red de adoctrinamiento para convertir a las mujeres que caían en sus garras -que éramos todas porque el régimen no dejaba otra opción- en “buenas patriotas, buenas cristianas y buenas esposas”.

Si observan con detenimiento, se percatarán de que el lenguaje no es ni parecido, pero en el fondo late un mensaje en uno y otro caso que, con décadas de diferencia, corre en paralelo. Se da por hecho que una mujer embarazada que decide abortar es una descarriada a la que hay que reconducir a la senda correcta. No es que en el ejercicio de su libre albedrío haya tomado una decisión por los motivos que sean y que, solo faltaría, son cosa suya. Es que está confundida y desorientada y hay que poner todos los medios para sacarla de su error. La clave está en lo de la “formación” y la “información”. Porque no nos equivoquemos. Lo de la inserción sociolaboral, tal y como están las cosas, suena a voluntariado asistencial al estilo del que imponían las seguidoras de Pilar Primo de Rivera y del que pretende promocionar la alcaldesa Botella para recolocar a los parados, otros maleantes a los que hay que recuperar para una vida decente y de provecho. No andaba muy descaminada la diputada socialista que ha interpelado a Gallardón, Ángeles Álvarez, cuando le ha reprochado sus compromisos con el fundamentalismo.

Fundamentalista o no, al ministro habría que recordarle que la Sección Femenina desapareció de este país en cuanto murió el dictador y que no dejó ni rastro. Yo he tenido que escuchar su intervención en el Pleno del Congreso para recordar que un día existió. El paso atrás al que va a obligarnos con su reforma del aborto será un paréntesis que, visto con la perspectiva de los años, nadie entenderá y solo servirá para empequeñecer su talla política. Las mujeres hemos peleado demasiado para que ahora nos obliguen a retroceder sin más. Él sabrá si merece la pena con tal de tener contenta, brevemente, al ala ultra de su partido.

viernes, 2 de marzo de 2012

POR UN ESTADO LAICO: COMPROMISO ELECTORAL

Andalucía Laica propone que los partidos políticos incluyan en el debate de la campaña electoral las medidas para avanzar en un Estado Laico desde nuestra Comunidad Autónoma


POR UN ESTADO LAICO: COMPROMISO ELECTORAL

Ante los próximos procesos electorales en Andalucía el próximo 25 de marzo, desde Andalucía Laica aportamos una serie de ideas, objetivos y reivindicaciones que afectan a las diversas competencias de las administraciones públicas, para que puedan ser consideradas como compromiso electoral por aquellas fuerzas políticas, coaliciones o agrupaciones de electores que deseen compartir el objetivo de la construcción de un Estado laico y así incluyan en sus respectivos programas electorales y en el debate de la campaña, las siguientes propuestas:


…Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones…y remover los obstáculos para que la igualdad y libertad de los individuos y de los grupos sean reales y efectivas… (Relativo al Art. 9 de la Constitución española)




MEDIDAS Y PROPUESTAS CON CARÁCTER GENERAL


Para que se promueva desde el Parlamento Andaluz proposiciones a las Cortes Generales:

Derogación del Concordato de 1953 y los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1976 y 1979

Derogar la actual ley de Libertad religiosa de 1980 y promover una ley de Libertad de Conciencia, que respete y proteja, sin distinciones, ni privilegios, todo tipo de convicciones, ya sean religiosas o no: En esta línea ofrecemos una propuesta de texto articulado, presentado en marzo de 2009. (A disposición en nuestras Web: www.laicismo.org y www.europalaica.com)

La supresión de todo tipo de simbología religiosa en los actos oficiales y en los espacios de titularidad pública que dependan de la administración central del Estado.

Eliminar las capillas de cualquier espacio público dependiente del Estado central, ya sea escolar o universitario, sanitario, centro penitenciario, juzgados, etc.

La derogación como delitos, de la blasfemia o de la violación de hipotéticos sentimientos religiosos, tal y como figuran en el actual código penal.

La no subvención directa o indirecta de las confesiones religiosas y la eliminación de la recaudación religiosa a través del IRPF. Mientras tanto se exigirá a las entidades religiosas que reciban subvenciones públicas o exención de tributos, u balance anual integrado de su activo y pasivo, así como las cuentas anuales de cada ejercicio.

La no celebración de ceremonias religiosas en los actos oficiales del Estado (Tomas de posesiones, reconocimientos de méritos, rendición de honores etc.)

Que ninguna autoridad pública o funcionario participe en calidad de tal, en actos de carácter confesional.

La Ley Hipotecaria española de 1946, concede a la Iglesia católica la potestad de inscribir a su nombre en el Registro de la Propiedad bienes que no estaban inscritos a nombre de nadie. Éste es el acto conocido como “inmatriculación”, y está contemplado en el artículo 206 de la ley hipotecaria española. Exigimos la eliminación de esa potestad.

La inspección permanente por parte del Ministerio de Cultura del patrimonio histórico artístico en manos de la iglesia católica con la publicación anual junto al catalogo general de obras y bienes histórico artísticos la de aquellos que hubieran sufrido alteraciones y sus causas.

La eliminación del carácter de entidad pública de cualquier confesión religiosa siéndoles de aplicación la normativa correspondiente al derecho privado.

Los poderes públicos han de garantizar la pertenencia o no pertenecía, cuando lo desee, de una persona a una determinada confesión religiosa, sin mayor requisito que darse de baja.



La enseñanza de la doctrina religiosa de cualquier confesión quedará fuera de la escuela pública y concertada. Mientras tanto esto no se consiga, deberá quedar, en todo caso, fuera del horario lectivo.

No se subvencionará, en ningún caso, centros educativos con ideario propio ya sea carácter religioso o de otra naturaleza ideológica particular.

(Algunas de estas propuestas corresponden al poder legislativo estatal. Por ello, sugerimos la presentación de MOCIONES e INICIATIVAS en ayuntamientos y cámaras legislativas territoriales, en aquellas cuestiones que a nivel municipal o autonómico no se puedan resolver.)

Nivel autonómico:

INDEPENDENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS RESPECTO A LAS CONFESIONES RELIGIOSAS

No se donará suelo público ni se concederá financiación pública o exenciones fiscales para la instalación de infraestructuras o realización de actividades confesionales a ninguna confesión o institución religiosa en la Comunidad Andaluza.

Suprimir todo tipo de simbología religiosa en los actos oficiales y en los espacios de titularidad pública que dependan de las administraciones locales y autonómica de Andalucía.

Las administraciones locales y la Junta de Andalucía no promoverán, en ningún caso, ritos ni celebraciones religiosas de ningún tipo. Asimismo, ninguna autoridad pública o funcionario participará, en calidad de tal, en actos de naturaleza religiosa.

Petición pública de explicaciones y la correspondiente crítica a través de los medios y en las instituciones a las autoridades que vulneren la laicidad del Estado.

GARANTIZAR LA LIBERTAD DE CONCIENCIA

Suprimir la obligación de declarar sobre las creencias, o sobre la ausencia de ellas, en cualquier tipo de documentación civil, escolar o administrativa.

Excluir de los centros públicos sanitarios, residencias, etc. que dependan de las administraciones locales o de la Junta de Andalucía, la presencia institucional de clérigos. Así como eliminar las capillas y los símbolos religiosos de cualquier espacio público escolar o universitario, sanitario, centro penitenciario, ayuntamientos, juzgados, oficinas públicas de las administraciones, etc.

Garantizar en toda la red sanitaria pública andaluza la atención a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el derecho a una Muerte Digna y las disposiciones del Testamento Vital.

Facilitar que las ceremonias civiles (Acogida, mayoría de edad, matrimonio, funerales) se celebren dignamente, dando las administraciones Local y Andaluza todas las facilidades posibles a la ciudadanía.

Incorporar referencias y conmemoraciones de carácter civil al calendario oficial, centros públicos y a los callejeros municipales, así como fechas fijas y denominación neutra a las vacaciones escolares.

ENSEÑANZA LAICA

Los poderes públicos velarán por la laicidad de las enseñanzas impartidas en los itinerarios oficiales, dentro de los centros educativos de titularidad pública y de los privados sostenidos con fondos públicos, con el fin de evitar cualquier interferencia en los objetivos educativos de convicciones particulares religiosas, filosóficas o ideológicas. Y ello afecta a la retirada de simbología religiosa, celebración de actos religiosos en los centros públicos. Dando así cumplimiento al artículo 21 de nuestro Estatuto de Andalucía: La enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica". Algo no que actualmente no se cumple.

Los poderes públicos velarán en el ámbito escolar para que se respete la libertad de conciencia del alumnado y profesorado, así como de sus familias, para ello en cumplimiento del 16.3 de la Constitución, no se les obligará a declarar sobre ideología, religión o creencia. En particular en los procesos de escolarización y matrícula.

La enseñanza de la doctrina religiosa de cualquier confesión quedará fuera de la escuela pública y concertada. Mientras tanto esto no se consiga, deberá quedar, en todo caso, fuera del horario lectivo.

Se eliminará cualquier tipo de simbología religiosa en los centros de titularidad pública local o andaluza.

Se eliminarán capillas y cualesquiera otros lugares de culto en las Universidades.

No se subvencionará, en ningún caso, centros educativos con ideario propio ya sea carácter religioso o de otra naturaleza ideológica particular.

viernes, 17 de febrero de 2012

Carta abierta a la ciudadanía



“Los que formaron parte o justifican hoy al aparato represivo y criminal del franquismo no pueden reclamar respeto”






Estimados ciudadanos, estimadas ciudadanas:

La transición “modélica” dejó intacto el aparato judicial franquista y abandono a las victimas republicanas de la guerra civil. Todos los muertos del lado franquista tuvieron sepultura, lapida con sus nombres, homenajes, monumentos, cruces, medallas… se trataba de los caídos por Dios y por España. Los otros españoles, los que defendieron la legalidad republicana quedaron en las cunetas.

Jueces que en su mayoría estuvieron al servicio de un régimen criminal nacido en un mar de sangre en el que ahogaron a la segunda república; para muestra veamos una instrucción de uno de los generales golpistas, el general Mola.

“Es necesario crear una atmósfera de terror. Hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilaciones a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión. Todo aquel que abierta o secretamente defienda al frente popular debe ser fusilado.” Estas instrucciones reservadas fueron emitidas en agosto de 1936 y cumplidas por los golpistas Queipo de llano, Yagüe, Varela, García Raez y otros.

Garzón intentó defender los derechos de las victimas de este genocidio. En el juicio María Martín López de 83 años de edad relató ante el tribunal supremo que tenía 6 años cuando asesinaron a su madre, a su hermana mayor la pelaron y le dieron aceite de ricino. Ella se dirigió a Garzón para seguir buscando los restos de su madre y cumplir así la ultima voluntad de su padre, enterrarlos juntos.

Más de 122.000 personas están enterradas en las cunetas, olivares y fosas comunes.

España es el segundo país del mundo en numero de desaparecidos, Garzón además se ha enfrentado estos días a otras causas abiertas contra él, las escuchas a los abogados del caso Gurtel y como ha dicho el ex-fiscal anti-corrupción Jiménez Villarejo “el supremo es una casta burocrática al servicio de la venganza”.

Recuerdo una visita que hicimos Nicolás Sartorius y yo a la fiscalía general del estado como diputados de IU, Sartorius le comento al fiscal su sorpresa por encontrar allí fiscales que habían estado en el tribunal de orden publico pidiendo penas de muerte y largas condenas a los luchadores antifranquistas, estaban culminando su carrera y trabajaban en la fiscalía general del estado.

Los jueces del Supremo y de otros tribunales juraron los principios del movimiento nacional y ahora imparten justicia en nombre de la democracia.

Constituye una vergüenza para España que uno de sus jueces más brillantes, de mayor prestigio internacional, Baltasar Garzón haya sido condenado y apartado de la carrera judicial.
Ante la indignación y el estupor que han mostrados las organizaciones de derechos humanos, de juristas internacionales y asociaciones de victimas, un coro de voceros gubernamentales, (Gallardon, Santamaría,…) han pedido respeto para el tribunal Supremo y han añadido que la justicia es igual para todos, cabria preguntarnos:

-¿Es igual para Camps que para un joven carterista de Barcelona?
-¿Es igual para Urdangarín y para la infanta Cristina que para un camello de poca monta de la Palmilla?
-¿Es igual para un genocida franquista que para una victima republicana?
-¿Es igual para los que tienen dinero y contratan despachos famosos de abogados, despachos de lujo que para los que son invisibles para la ley?
-¿Es igual para un banquero con fondos en paraísos fiscales que para un autónomo que olvida pagar una factura del IVA?

Podíamos preguntarle al preso indultado que ha pasado más años en prisión sin delito de sangre, encadenando condenas desde la primera que fue por desertar del ejercito, aquí no ha prescrito ninguna de las causas abiertas contra él durante tantos años, ello demuestra que la justicia no es igual para todos.

Respeto para jueces que protegen a las redes de corrupción y la impunidad del franquismo, de sus crímenes contra la humanidad que no prescriben, que levantaron el brazo haciendo el saludo fascista en muchos casos.
Se merecen respeto, solidaridad y comprensión victimas como María Martín López que declararon llenas de dignidad en el juicio.

No podemos acatar, respetarles sentencias como la dictada contra Garzón desde la lealtad a los valores de la democracia y a los principios de la justicia universal.
Los que formaron parte o justifican hoy al aparato represivo y criminal del franquismo no pueden reclamar respeto porque no se han respetado ni a ellos mismo.

Un saludo
Antonio Romero Ruiz
Coordinador de la Red de Municipios por la III República

miércoles, 15 de febrero de 2012

La Junta Republicana rechaza la reforma laboral


La Junta Republicana rechaza la sentencia del supremo contra Garzón, la reforma laboral del gobierno del PP y prepara la celebración del 14 de abril en toda España.

Publicado en: Tercera Información

La Junta Republicana, surgida del Encuentro Estatal Republicano celebrado en Madrid el pasado 21 de enero de 2012, cuando se dieron cita más de cuarenta asociaciones republicanas del estado español, se reunió el día 11 de febrero en Madrid, mientras muchos de sus colectivos e integrantes celebraban además convocatorias y actos públicos el 11 de febrero, en conmemoración de la I República Española.

La Junta Republicana analizó la sentencia del Tribunal Supremo contra el Juez Garzón, puesto que entiende que se hace por haber sido el juez que destapó la red de corrupción Gurtell y el juez que se atrevió a enjuiciar los crímenes por los miles de desaparecidos del franquismo, delito que según el derecho internacional es un delito permanente, que no prescribe, y al que la Junta Republicana entiende que es una asignatura pendiente y una obligación de la justicia española.

La Junta Republicana considera que algo muy grave está pasando en este país, cuando la justicia española castiga a quien persigue la corrupción política y urbanística y al tiempo, desatiende su obligación jurídica de enjuiciar los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo enjuiciando a quien a tenido el valor de intentar dar justicia a las víctimas del franquismo.

Una reforma laboral ’contra los trabajadores’

De otra parte, la Junta Republicana rechazó frontalmente la Reforma Laboral aprobada por gobierno el pasado viernes 10 de febrero, que entró en vigor al día siguiente. La reforma supone un ataque a derechos laborales de los trabajadores consolidados desde hace años. Para la Junta Republicana, esta reforma laboral no creará empleo, puesto que su objetivo es facilitar y abaratar los costes del despido a los empresarios, y por tanto, será creadora de más paro y no generará más empleo.

La Junta Republicana, como no puede ser de otra forma, rechaza una Reforma Laboral que ha sido anunciada ya como "extremadamente agresiva" para los trabajadores por el ministro de Economía, Luis de Guindos, y que el presidente Mariano Rajoy considera que le costará una huelga general, y frente a la que los sindicatos CCOO y UGT han anunciado las primeras movilizaciones. La Junta Republicana hace un llamamiento a sus organizaciones integrantes y al conjunto del pueblo español para que se movilice en cada territorio de la manera que lo considere en contra de esta reforma, sumándose a las movilizaciones que se convoquen.

La Junta Republicana considera esta Reforma Laboral como absolutamente dañina para los trabajadores y un posicionamiento del gobierno español en contra de su propio pueblo y a favor de la élite empresarial española y europea. La reforma laboral de Rajoy convierte todos los despidos en ’procedentes’. Abarata el coste del despido y se inventa un contrato de pruebas de un año con bonificaciones del estado para los empresarios, lo que convierte el despido, a juicio de la Junta Republicana, en un despido libre y encima subvencionado por el estado. Esta reforma se carga los convenios colectivos en las empresas y en los sectores de producción, eliminando con ello la protección laboral que estos convenios ofrecían al trabajador y, por tanto, eliminando la interlocución laboral y el papel de los sindicatos en la relación empresa-trabajadores.

La Junta Republicana considera así mismo muy grave, que los ERE’S (Expedientes de Regulación de Empleo) puedan ser decididos y ejecutados sin el visto bueno y concurrencia de la administración pública, lo que equivaldrá a la impunidad en el cierre de empresas y en el despido de los trabajadores. Consideramos que se están cercenando valores democráticos y derechos sociales básicos de los trabajadores y que la Constitución Española se está convirtiendo en papel mojado, pues los derechos que promete garantizar están siendo negados con impunidad por los bancos, la Europa Neoliberal de Bruselas y la política reaccionaria del Partido Popular.

Entienden que es necesaria ya otra Constitución, republicana, que de verdad defienda el derecho igualitario a la justicia para todos los ciudadanos, sin exclusiones ni privilegios de impunidad para nadie, y que sea un referente y un garante del derecho al empleo, a la vivienda, a la educación y a la salud de los ciudadanos. Es por ello que la Junta Republicana promoverá las banderas republicanas en las movilizaciones contra la reforma laboral y en general, contra las medidas de recortes sociales y de derechos de los ciudadanos y los trabajadores.

La Junta Republicana promoverá el 14 de abril en el conjunto del estado español

La Junta Republicana reunida este pasado domingo en Madrid, aprobó así mismo la promoción de actos públicos de todo tipo en ciudades y pueblos de todos los territorios del estado español, así como manifestaciones populares en conmemoración de la II República española y a favor de la III, y redactará un manifiesto base que sirva para la elaboración de manifiestos por la III República en toda España.

Así mismo, en estos dos meses que quedan hasta su celebración, los movimientos, partidos y asociaciones que integran la Junta Republicana mantendrán reuniones con Asociaciones de Estudiantes, Movimientos Sociales, colectivos y sindicatos, etc para acercarlas a la causa de la III República y que se sumen a la marea tricolor que este mes de abril recorrerá nuestro país. La Junta Republicana que trabaja para la unidad republicana, convocará este año además una manifestación en Madrid, capital del estado, junto a todas las asociaciones y entidades que la vienen convocando desde hace años y junto a otras más que quisieran sumarse.

La Junta Republicana celebrada este pasado domingo, acordó también la organización de unas Jornadas Estatales Republicanas de ámbito estatal a celebrar en mayo próximo en Navarra.

Respecto a los numerosos casos de corrupción que empiezan a juzgarse en nuestro país, la Junta Republicana entiende que si el poder judicial no empieza a juzgar y condenar los casos Gurtell y otros con severidad, será una prueba más de que este sistema judicial permite la corrupción, y debe llegar una República que termine la impunidad.

De la Gurtell, hasta ahora, solo tenemos sin condena a Camps, y condenando al juez Garzón, que destapó la corrupción de la red Gurtell. Para la Junta Republicana, es el sistema económico capitalista, y en lo político bipartidista y monárquico, el responsable de la crisis actual en nuestro país y de la impunidad de la corrupción.

Por último, la corrupción política, con el caso Urdangarín, ha llegado a la Casa Real, y si no se hace justicia en este caso, significará de forma evidente que la monarquía tiene impunidad para hacer lo que quiera en este país. La Junta Republicana advierte de puede ser atacado al juez Castro como se ha atacado y perseguido al juez Garzón.

En la ciudad de Madrid se celebró y dió término a la primera reunión de la Junta Republicana representada este pasado domingo por representantes del Partido Comunista de España (PCE), Izquierda Republicana (IR), Unidad Cívica por la República, UCR de Navarra, Ciudadanos por la República, Fundación de Investigaciones Marxistas y Red de Municipios por la III República.